Prevención

Aunque poco sabemos al respecto, los primeros africanos llegaron a México como parte de las tropas de los conquistadores españoles. Tal fue el caso de Juan Garridoex esclavo originario de África oriental quién llegó al territorio mexicano acompañando a Hernán Cortés. A Garrido se le atribuye haber sido el primero en plantar trigo en México (Velazquez e Iturrialde, 2012, p. 59).

Sin duda el mayor contingente de población de origen africano llego a México derivado del tráfico de personas africanas. El total de personas esclavizadas es difícil de calcular, pero se estima que entre 1492 y 1870 se esclavizaron un total de doce millones y medio de personas (Velazquez e Iturrialde, 2012, p. 44). De las cuales un aproximado de un millón trecientas personas llegaron a Hispanoamérica (p. 47). Siendo México y Perú los países que recibieron una mayor cantidad de esclavos en el periodo comprendido entre 1550 y 1640 (p. 63). Tomado como referencia casos documentados de importación de esclavos a la Nueva España, se estima que el 30% eran mujeres (Velazquez, 2006, p. 64, 65). El antropólogo Gonzalo Aguirre Beltrán, uno de los primeros en estudiar el pasado afrodescendiente en México, calculó que para 1646 la población africana era de 35,089 (2.0%), la indígena de 1,269,607 (74%), la europea de 13,780 (0.8%) y la mestiza de 394,139 (22.6%). Con respecto del año 1570 la población indígena había disminuido más de la mitad. Las poblaciones mestizas fueron las de mayor crecimiento durante el periodo colonial llegando a representar en 1810 el 39.5 por ciento de la población total (Aguirre Beltrán, 1972). Las personas esclavas entraron a México principalmente a través del Puerto de Veracruz y también del Puerto de Acapulco, e incluso en otros puertos de contrabando (Velazquez e Iturrialde, 2012, p. 62-63).

A los esclavos y esclavas se les requería principalmente para su trabajo en las minas, las empresas de extracción de azúcar, la ganadería, la agricultura, el servicio doméstico, los puertos y la construcción. Existieron diferentes formas en las que las y los esclavos lograban su libertad, desde la rebelión, la participación en las milicias, que así lo declarara su amo o ama, o si lograban reunir el dinero para pagar su precio público. Durante la guerra de independencia los afrodescendientes tuvieron una participación importante en ambos bandos de la contienda. Líderes insurgentes destacados como José María Morelos, Vicente Guerrero y Juan Álvarez tenían orígenes afrodescendientes. Después de la independencia de México se recibieron a personas esclavas provenientes de Estados Unidos quienes adquirían su libertad al ingresar a territorio mexicano, dando lugar a la formación de pueblos como Piedras Negras y El Nacimiento de Muzquiz en Coahuila (Velazquez e Iturrialde, 2012, p.29, 30). Como el caso anterior es importante notar que nos todas las personas afrodescendientes llegaron de manera forzada a nuestro país, los procesos migratorios ocurridos desde el siglo XIX y hasta el presente han traído a nuestro país personas provenientes de África y afrodescendientes principalmente del Caribe, Centroamérica y Latinoamérica (p.18).

¿Pero de dónde proviene la falta de reconocimiento de la población afrodescendiente en México? Aunque puede haber muchas explicaciones, aquí esbozamos una respuesta. Durante el siglo XIX y XX se promovió el mito del mestizaje, que por un lado promovía una política de integración de los indígenas a lo mexicano –donde se conceptualizó a las personas indígenas como parte de un pasado glorioso, pero no se les reconocía como iguales en el presente, ni su derecho a conservar sus prácticas culturales (Bonfil Batalla, 1991),– y por el otro se negó el pasado afrodescendiente al afirmarse que la nación mexicana estaba únicamente constituida de la mezcla entre españoles e indígenas. Este periodo estuvo marcado por lo que se ha denominado “racismo científico”, un conjunto de teorías que clasificaban a los seres humanos, en las cuales el ser blanco y europeo era el nivel superior, mientras que se el ser de raza negra era sinónimo de inferioridad. Estas teorías sirvieron para justificar la trata de personas esclavas. Igualmente se reforzaron los estereotipos que igualaban la belleza con el color de la piel blanco y los rasgos físicos europeos (Velazquez e Iturrialde, 2012, p 75-93). Las ideas racistas de finales del siglo XIX se manifestaron en las políticas migratorias de muchos países Latinoamericanos incluido México, pues como señala Irene Vazquez, se promovía la migración de personas de origen europeo con el objetivo de “blanquear” a la población (Vasquez, 2010, p.19). Cabe notar que los estereotipos que igualan la belleza con el ser blanco y los rasgos fenotípicos europeos persisten en el presente, en nuestras conversaciones, la publicidad, entre otras. Por ejemplo, algunas manifestaciones culturales, como la canción “La llorona” que se cree se originó en la segunda mitad del siglo XIX y que continúa siendo una canción popular en la actualidad incluye versos como: “Todos me dicen el negro, llorona, negro pero cariñoso”. Nos muestra como el ser “negro” era una identidad percibida como negativa, es decir, racializada, lo que en la canción se compensa con un atributo positivo como es ser cariñoso.

La presencia afrodescendiente en México se manifiesta de distintas formas en la cultura mexicana, a veces de forma entremezclada con prácticas indígenas, o mestizas. Sin embargo, algunas costumbres se han valorado como preminentemente afrodescendientes, aquí mencionamos algunos ejemplos: En la Costa Chica de Guerrero en el baile o fandango de artesa, las parejas bailan descalzos con una tarima adornada con elementos zoomorfos así como los instrumentos musicales de percusión como el cajón que se toca con manos o palos. En esta misma región en la danza de los diablos se utiliza un instrumento llamado “bote” el cual se elabora con una calabaza o guaje a manera de tambor con una vara en el centro que simula el rugido de un tigre, este instrumento, así como la “charasca” quijada de burro que se toca como sonaja se les identifica como de origen africano En Acapulco y la Costa Grande de Guerrero se acostumbra el alcohol de palma o “tuba” que es una tradición vigente en varias culturas de África occidental y central. En Veracruz se presentan muchas manifestaciones culturales que dan cuenta de la presencia africana y afrodescendiente, por ejemplo, los carnavales del puerto, el son jarocho, los bailes, la comida y los nombres de algunos pueblos como Mandinga, Matosa o Mozomboa, que pudieron ser antiguos palenques, nombre dado a comunidades formadas por esclavos que huían de las haciendas para liberarse (Velazquez e Iturrialde, 2012, p 20-25).

El no reconocimiento de que en México hay personas afrodescendientes propicia la discriminación. Un ejemplo de ello son los casos de personas afro-mexicanas a quienes los agentes migratorios “confunden” con personas extranjeras y son deportados a Centroamérica (Velazquez e Iturrialde, 2012, p 110). Se calcula que en América Latina y el Caribe el 30 por ciento de la población es afrodescendiente, la cual sufre de niveles desproporcionados de exclusión, pobreza y vulnerabilidad ligadas a la discriminación por motivos racistas (p.99). Estas situaciones de vulnerabilidad se reproducen en las comunidades de origen afrodescendiente en México. En nuestro país es en la Costa Chica de Guerrero y en Oaxaca donde un mayor número de personas se autoidentifican como afrodescendientes y donde algunos grupos han comenzado a organizarse para lograr su reconocimiento constitucional y luchar por la implementación de políticas públicas que permitan nivelar a la población afrodescendiente con el resto de la población.

La lucha por el reconocimiento de los derechos de las personas afrodescendientes es relativamente reciente. En 2001 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) organizaron la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas Conexas de Intolerancia en la ciudad de Durban Sudáfrica. En esta conferencia se elaboraron lineamientos para prevenir la discriminación a que son sujetas por temas relacionados a su apariencia y cultura las poblaciones indígenas, afrodescendientes, migrantes y otros grupos vulnerables. La ONU también declaró 2011 como el Año Internacional de los Afrodescendientes. En este mismo sentido, el 30 de diciembre de 2013 la asamblea general de la ONU adoptó una resolución estableciendo el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2024 (INEGI, 2017).

Una las medidas promovidas por el Decenio Internacional de los Afrodescendientes es recopilar datos estadísticos fidedignos que permitan evaluar la situación de las poblaciones afrodescendientes a nivel nacional y local. En parte por esta recomendación, por los lineamientos de Durban y por el activismo de grupos afromexicanos, se incluyó por primera vez en la encuesta intercensal 2015 (EIC 2015) una pregunta sobre autoreconocimiento de la forma que sigue: “De acuerdo con su cultura, historia y tradiciones, ¿usted se considera negra(o), es decir afromexicana(o) o afrodescendiente?”. Con base en esta pregunta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) elaboraron el Perfil Sociodemográfico de la Población Afrodescendiente (INEGI, 2017), de donde destacamos la siguiente información relevante:

1. En México existen poco más de 119 millones de habitantes, de los cuales 1, 381,853 se reconocen como afrodescendientes, lo que representa el 1.2 por ciento de la población total de país. Es importante mencionar que más personas pueden tener origen afrodescendiente, pero no se identificaron como tales en la EIC 2015.
2. Los estados con mayor número de población afrodescendiente son México (304, 274), Veracruz (266,163), Guerrero (229,514), Oaxaca (196,213), Ciudad de México (160,353), Nuevo León (76,241) y Jalisco (61,140).
3. Los estados con un mayor porcentaje de población afrodescendiente son Guerrero (6.5), Oaxaca (4.9), Veracruz (3.3), México (1.9), Ciudad de México (1.8), Baja California Sur (1.5) y Nuevo León (1.5).

Este estudio hace comparaciones entre la población total del país, la población afrodescendiente y la población de 100 municipios que tienen por lo menos un 10 por ciento de afrodescendientes a los que llamaron “municipios seleccionados”. Es en los municipios seleccionados donde mejor se puede apreciar el rezago a que están sujetas las personas afrodescendientes en México. A continuación, algunos datos que comparan la población nacional con la de los municipios seleccionados:

Escolaridad:

1. El porcentaje de población de 6 a 14 años de edad que no sabe leer y escribir a nivel nacional es de 8.8 y en los municipios seleccionados es de 11.9
2. El porcentaje de población analfabeta de 15 años y más es de 5.5 a nivel nacional, 6.9 en personas afrodescendientes y 15.7 en municipios seleccionados. De la población analfabeta en municipios seleccionados el 13 por ciento son hombres y el 18.2 por ciento son mujeres.
3. En cuanto al promedio de escolaridad (años aprobados en el Sistema Educativo Nacional) de la población de 15 años y más a nivel nacional es de 9.2, en la población afrodescendiente es de 9.0 y en los municipios seleccionados es de 7.0. En los municipios seleccionados los hombres tienen 7.1 y las mujeres 6.8 años de escolaridad
4. La población de 15 años y más que no ha concluido la educación secundaria (rezago educativo) es de 35.1% a nivel nacional, 36.9% para afrodescendientes y de 56% en municipios seleccionados. En todos los casos es mayor el porcentaje de mujeres con rezago educativo siendo este de 36% a nivel nacional, 39% para afrodescendientes y 57.1 por ciento en municipios seleccionados.

Salud:

1. Los porcentajes de afiliación a los servicios de salud se muestran resultados similares, con un 82.2% a nivel nacional, 82.1% para afrodescendientes y 86.4% en municipios seleccionados. Sin embargo, cuando se detalla esta información encontramos que en están afiliados al IMSS el 32.2% de la población nacional, el 29.1% de afrodescendientes y solo el 7% de la población de los municipios seleccionados. Por otro lado, muestran porcentajes más grandes de afiliación al Seguro Popular con un 41.0% a nivel nacional, 43% para afrodescendientes y 76% en municipios seleccionados. Esta información nos permite observar que un menor número de personas afrodescendientes cuentan con seguridad social ligada a un empleo formal.

Empleo:

1. La población económicamente activa es de 50.3% a nivel nacional, de 53% para afrodescendientes y de 41.9% en municipios seleccionados. Aunque la población nacional y afrodescendiente presenta niveles similares, con un nivel más alto de ocupación para afrodescendientes, es en los municipios seleccionados donde encontramos una ocupación menor al 50 por ciento de la población
2. La población económicamente activa por sexo en a nivel nacional es de 68.5% para hombres y 33.5% para mujeres. En afrodescendientes es de 71.8 por ciento en hombres y 35.3% para mujeres. En los municipios seleccionados es de 63.7% para hombres y de 21.3% para mujeres. Es evidente una tendencia de menor actividad económica de las mujeres, que es sin embargo más de 10 puntos porcentuales menor para las mujeres en los municipios seleccionados, donde sólo una de cada 5 tiene una actividad económica remunerada.
3. Los municipios seleccionados también presentan números mayores de población de 15 a 29 años que no tienen un trabajo, ni estudian, con las consecuencias que esto tiene para su bienestar presente y futuro. El porcentaje a nivel nacional es de 5%, para afrodescendientes es de 4.9% y el de los municipios seleccionados es de 9.3%. La población que no estudia ni trabaja por sexo a nivel nacional es de 6.5% para hombres y 3.6 para mujeres. En el caso de afrodescendientes es de 6.2% para hombres y 3.7 para mujeres. En municipios seleccionados es de 13.3 para hombres y 5.4 para mujeres. Manifestándose en todos los casos un mayor número de hombres en esta situación que afecta a más de 1 de cada 10 hombres jóvenes en municipios seleccionados.
4. En cuanto al sector de ocupación económica tanto el promedio nacional como el de afrodescendientes presentan niveles similares. La población dedicada al sector primario (por ejemplo: agricultura, ganadería, pesca) a nivel nacional es de 11.1 por ciento y la de afrodescendientes es de 11.3%, mientras que la población de los municipios seleccionados es de 41.5% casi cuatro veces más. En el sector secundario (industria, minería y construcción, entre otras) trabaja el 25.2% de la población nacional, el 21.3 de las personas afrodescendientes y el 15.7% de las personas en municipios seleccionados. En el sector terciario (actividades de comercio y servicios) se concentra la mayor población con el 62.1% a nivel nacional, el 65.9% de afrodescendientes y el 41% de población en municipios seleccionados, este último dato con una diferencia de más de 20 puntos porcentuales con relación a las cifras nacionales y de afrodescendientes.

Vivienda:

1. Los indicadores sobre las características de la vivienda, también dan muestra del rezago que tienen la población identificada como afrodescendiente y la que vive en municipios seleccionados:
   1. El porcentaje de casas con piso de tierra a nivel nacional es de 3.6%, este aumenta a 5.1% para afrodescendientes y a 11.4 para la población de los municipios seleccionados.
   2. Las casas con piso de cemento o firme a nivel nacional representan el 52.7; lo cual aumenta a 58.0% de afrodescendientes y a 82.2% en municipios seleccionados.
   3. El porcentaje de hogares con piso de mosaico, madera u otro recubrimiento es a nivel nacional de 43.2%, de 36.5 para afrodescendientes y de 6.2% para municipios seleccionados.
2. Las poblaciones afrodescendientes y en especial la de municipios seleccionados disponen de niveles menores de acceso a agua entubada, drenaje y sanitarios con taza de baño.
   1. Agua entubada: el porcentaje nacional de viviendas con agua entubada es de 94.6; esto disminuye a 92% para población afrodescendiente ya 83.6 para población en municipios seleccionados.
   2. Drenaje: El 91.9 por ciento de las viviendas particulares cuenta con este servicio en México, cifra un poco menor para afrodescendientes con 90.1% y considerablemente menor para municipios seleccionados con 73.2%.
   3. Sanitario con taza de baño: El 91.5% de las viviendas a nivel nacional disponen de un sanitario con taza de baño, esto disminuye a 90.7% para afrodescendientes y a 74.8% para municipios seleccionados.

Tecnologías de la Información y la comunicación:

1. En cuanto a las tecnologías de la información y la comunicación también las personas afrodescendientes y sobre todo en municipios seleccionados tienen menores porcentajes de disponibilidad que la media nacional.
   1. Radio: a nivel nacional el 73.2% de hogares que cuentan con algún aparato para oír radio, este porcentaje es de 71.7 para afrodescendientes y de 46.5% en municipios seleccionados.
   2. Televisor: A nivel nacional el 93% cuenta con un televisor, el 91.4% de los afrodescendientes y el 78% de los hogares en municipios seleccionados.
   3. Televisor de pantalla plana: El 45% de los hogares a nivel nacional tienen al menos una televisión de pantalla plana; el 43.7% de la población afrodescendiente y el 22% de los municipios seleccionados.
   4. Servicio de televisión de paga: El 40.6% de los hogares mexicanos cuenta con televisión de paga, esto re reduce a 37.1% en el caso de Afrodescendientes y a 28.1% en el caso de los municipios seleccionados.
   5. Computadora: El 32.6% de los hogares en México tienen una computadora, el 32.9% de los afrodescendientes y solo el 11.3% de los hogares en municipios seleccionados.
   6. Internet: El porcentaje de hogares con internet a nivel nacional es de 32.9, este aumenta a 34.4% para afrodescendientes y disminuye a 8.8% para afrodescendientes.
   7. Teléfono celular: El promedio nacional y de afrodescendientes de disponibilidad de teléfono celular son muy similares, siendo de 78.6 y 78.2 respectivamente, este disminuye a 52% en el caso de la población de los municipios seleccionados.
   8. Línea telefónica fija: El 36.9 por ciento de los hogares en México cuenta con una línea de telefonía fija, el 38.5 de los afrodescendientes y el 20.8% de los municipios seleccionados.

Aunque es posible que los datos recolectados para afrodescendientes varíen con el tiempo, puesto que los grupos de personas afrodescendientes consideran que se pueden hacer mejoras tanto en el planteamiento de la pregunta como en la difusión de la misma, siendo que históricamente se les pedía identificarse como indígenas para poder acceder a ciertos programas sociales, este primer acercamiento permite conocer las variables que hay entre los promedios nacionales, la población que se identifica como afrodescendiente y aquellos municipios que cuentan con un 10% o más de población afrodescendiente. Esta información es relevante para todas y todos los mexicanos, para que reconozcamos la variedad y riqueza de los aportes culturales de las personas afromexicanas; que entendamos la necesidad de políticas públicas que reviertan la discriminación estructural; y sobre todo que no discriminemos ni en nuestro trabajo ni en nuestra vida personal a ninguna persona por motivo de su color de piel, sus rasgos físicos o su pertenencia étnica.

Fuentes:

Aguirre Beltrán, G. (1972) La población negra en México. México: Fondo de Cultura Económica.

Bonfil Batalla, G. (1991) México Profundo. Una civilización negada. México: Alianza Editorial.

Vasquez, I. A. (2010). The Longue Durée of Africans in Mexico: the Historiography of Racialization, Acculturation, and Afro-mexican Subjectivity. The Journal of African American History, vol 95, núm. 2 (Spring), 183–201.

Velázquez, M. E. e Iturralde Nieto, G. (2012) Afrodescendientes en México. Una historia de silencio y discriminación. México: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación e Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Las personas indígenas en México representan más del 10% de la población total del país. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en su artículo 2° asienta que México es una nación pluricultural sustentada en sus pueblos indígenas a los que define como “aquellos que descienden de poblaciones que habitaban el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas”.

Aunque la mayoría de los mexicanos nos sentimos orgullosos de nuestro pasado prehispánico no siempre transmitimos esa admiración hacia las personas de los pueblos indígenas del presente, quienes padecen múltiples formas de discriminación. Es sabido que un factor para la discriminación es la ignorancia, por eso en este apartado, sin intentar abarcar toda la información relevante que existe sobre los pueblos indígenas en el pasado y en el presente, intentaremos esbozar información relevante que nos permita reconocer la variedad que existe dentro de los grupos indígenas, el desconocimiento que por lo regular prevalece entre las poblaciones no indígenas del país al respecto de los pueblos originarios, así como la discriminación y la marginación de la que se han visto afectadas las personas pertenecientes a los pueblos indígenas de México.

Para empezar, es importante destacar que el término indígena es el correcto para referirnos a las personas de los distintos pueblos originarios de México y evitar el término “indio” dado a los habitantes originales de América por los conquistadores españoles, pero que conserva una carga despectiva y que en muchas partes de nuestro país es utilizado a manera de insulto como sinónimo de “atrasado”, “ignorante” o “tonto”. Una estrategia para combatir los estereotipos es conocer a mayor profundidad aquello que solo nos es mostrado de una manera parcial y negativa a través de los estereotipos. El antropólogo Federico Navarrete Linares señala que han existido distintas formas de concebir a los pueblos indígenas de México por parte de los no indígenas, las cuales presentamos a continuación.

La primera de ellas ha visto a los indígenas como una “minoría” que se distingue de la “mayoría” de los mexicanos o mestizos. Esta concepción ve a las personas mestizas como la norma y a los indígenas como los que tienen una cultura “diferente”, “no hablan la lengua nacional” (el castellano) y los conceptualiza como un “problema” que se resolverá en la medida en que los indígenas se “integren” a la cultura nacional. Esta visión es simplista en dos aspectos principales. Por un lado, unifica a los pueblos indígenas en razón de sus diferencias con los no indígenas, lo cual es incorrecto pues como señala Navarrete Linares existen en México al menos 62 grupos etnolingüísticos. Por otro lado, asume que la “mayoría” mestiza también es uniforme, ignorando que está compuesta por grupos heterogéneos en los que pueden distinguirse diferencias sociales, culturales y regionales, entre otras. Sobre la variedad existente tanto en los grupos indígenas como no indígenas de México, Navarrete Linares considera que sería “más exacto afirmar que en México no existe una mayoría mestiza y una minoría indígena, sino muchos grupos con culturas y formas de vida diferentes, algunos indígenas y otros no” (2008, p. 9).

Una segunda visión hace énfasis en la marginación económica y social de los pueblos indígenas. Representada por imágenes de niñas, niños, hombres, mujeres y personas mayores que viven en condiciones precarias en comunidades rurales o como migrantes dedicadas al servicio doméstico, trabajos manuales o pidiendo limosna. Desde esta concepción se asocia a lo indígena con la pobreza, el atraso, la ignorancia, y una vez más se conceptualiza a los indígenas como personas necesitadas de ayuda y como un “problema”. Visto así “corresponde a los no indígenas asistir, educar y redimir a sus hermanos menos afortunados” (Navarrete Linares, p. 9-10). Aunque en nuestro país los pueblos indígenas sí tienen un alto grado de marginación económica y social si se compara con los promedios nacionales, como veremos en algunos indicadores más adelante, conceptualizar a los pueblos indígenas como víctimas necesitadas de ayuda, parte de una definición en términos negativos, que tiende a negarles su papel de personas autónomas con capacidad de resolver sus problemas, incluyendo su derecho a determinar cuáles son esos problemas y las mejores formas de resolverlos. Del mismo modo no permite apreciar otros aspectos positivos de sus culturas, idiomas y experiencias en el pasado. Navarrete Linares afirma que muchas políticas paternalistas han fracasado porque han intentado “ayudar” a los pueblos indígenas sin tomarlos en cuenta para definir sus necesidades. Desde esta visión surge también una conceptualización que está fuertemente ligada con los estereotipos negativos que hay sobre las personas indígenas señalando que la marginación es producto del atraso de sus culturas y sus formas de vida. Se crea un binomio en donde los indígenas son vistos como tradicionalistas, lo cual los opone al progreso y la modernidad, de tal modo se culpa a los propios indígenas de su marginación sin tomar en cuenta los múltiples factores tanto internos como externos incluyendo el racismo, la explotación y la discriminación que han caracterizado el trato hacía las personas indígenas en la historia antigua y reciente de nuestro país.

Sin que podamos adentrarnos en toda la riqueza cultural y social que los distintos pueblos indígenas tienen en nuestro país a continuación presentamos información relevante sobre los distintos grupos y sus lenguas, para darnos una idea de la diversidad que representan. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INLI) de México realizó el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales que nos permite conocer con mayor precisión la variedad de las lenguas originarias que se hablan en nuestro país (INLI, 14 de enero de 2008). El catalogo identificó 11 familias lingüísticas, las cuales puede incluir un conjunto de lenguas con semejanzas estructurales y léxicas derivadas de un origen histórico común. Por su presencia geográfica de norte a sur en nuestro país las 11 familias lingüísticas son:

El Catálogo registra la presencia de un total de 68 lenguas indígenas a las cuales se refiere con mayor precisión como agrupación lingüística, es decir, el conjunto de variantes lingüísticas comprendidas bajo el nombre dado tradicionalmente a un pueblo indígena. A su vez se reconocieron 364 variantes lingüísticas pertenecientes a este conjunto de agrupaciones.

En el cuadro a continuación se presentan las 11 familias lingüísticas con sus correspondientes agrupaciones lingüísticas (lenguas indígenas).

Por ultimo presentamos algunos indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas en México con información de la Encuesta Intercensal de 2015 (EIC 2015) presentados por la Comisión Nacional de los pueblos indígenas de México (CDI, 2017). La EIC 2015 utilizó un criterio no solamente lingüístico para cuantificar a la población indígena a través de la identificación del hogar indígena, lo cual incluye a personas no hablantes de lengua indígena pero que guardan una relación de parentesco directa con hablantes de la lengua. La CDI, sugirió este criterio al considerar que los hogares son una fuente primordial de transmisión de la cultura y que el hablar una lengua indígena no es el único elemento que permita identificar a la población indígena en el país. Siguiendo el criterio de hogar indígena se cuantifica una población indígena de 12 millones 25 mil 947 personas, las cuales representan el 10.1% de la población total del país. De las cuales 7 millones 387 mil 341 personas mayores de 3 años de edad hablantes de lenguas indígenas (HLI) y representan el 6.5% del total de población de 3 años y más de edad en el país, y de ellos el 12.3% son monolingües. Además, 4 millones 623 mil 197 no hablan la lengua, pero viven y guardan relación de parentesco con la jefa o el jefe, la o el cónyuge o algún ancestro que habla la lengua indígena.

Las entidades que concentran el mayor número de población indígena son: Oaxaca (14.4%), Chiapas (14.2%), Veracruz (9.2%), México (9.1%), Puebla (9.1%), Yucatán (8.8%), Guerrero (5.7%) e Hidalgo (5.0%). En estos estados se concentra el 75% de la población indígena a nivel nacional. El porcentaje de la población indígena con respecto a la población estatal es mayor de 13% en diez entidades: Veracruz (13.6%), San Luis Potosí (13.6%), Puebla (17.7%), Guerrero (19.3%), Hidalgo (21.2%), Campeche (22.2%), Quintana Roo (32.5%), Chiapas (32.7%), Oaxaca (43.7%) y Yucatán (50.2%).

Además de las lenguas indígenas mayoritarias antes mencionadas, de mayor a menor número de hablantes de las lenguas indígenas la EIC 2015 identifica en siete lenguas en las que la población indígena en hogares es mayor de 2 mil personas pero menor de 5 mil, siendo estas: Chichimeco Jonaz; Chuj; Matlatzinca; Akateko; Guarijío; Tlahuica y Q’eqchi’. Se resalta que hay nueve lenguas indígenas que son habladas por una población de entre 500 y 1400 hablantes, estas son: K’iche’, Pima, Texistepequeño, Jakalteko, Chocholteco, Seri, Kumiai, Lacandón y Cucapá. Por último se menciona que hay once grupos lingüísticos con menos de 500 personas indígenas: Ixcateco, Qato’k, Pápago, Ixil, Kiliwa, Teko, Oluteco, Kickapoo, Kaqchikel, Ayapaneco y Awakateko.

La composición de la población indígena por sexo a 2015 tiene niveles muy similares a promedio nacional. El 51.1% de la población indígena son mujeres y 48.9% son hombres. A nivel nacional el 51.4% son mujeres y el 48.6 son hombres.

Las poblaciones indígenas registran una alta movilidad interna en la que tres estados, Baja California, Nuevo León y Quintana Roo se presentan como polos de atracción, debido a que en esas entidades el porcentaje de población indígena que nació en otra entidad de la República supera el 70 por ciento. Otras entidades que recientemente han recibido población indígena son Baja California Sur, Nuevo León y Sinaloa. Por otro lado las entidades que registran una mayor expulsión de población indígena nativa son Oaxaca, Veracruz, Yucatán, Ciudad de México y Puebla.

La EIC 2015 muestra que el 55.5% de la población indígena habita municipios de alta y muy alta marginalidad, asimismo el 87.5% de los municipios indígenas se encuentran en condiciones de alto grado y muy alto grado de marginalidad.

Los indicadores de educación nos permiten observar el contraste entre la población indígena y la población nacional en la población de 15 años y más:

• Entre la población indígena el 17.8% son analfabetas, porcentaje tres veces mayor al que se registra a nivel nacional que es de 5.5%.
• La población indígena que no cuenta con ninguna instrucción escolar es de 16.6% en contraste con el 6.0% de la población nacional.
• La población indígena con primaria incompleta es de 18.1% este mismo dato a nivel nacional es de 10.4%.
• La población con primaria concluida en población indígena es de 18.2% y a nivel nacional es de 15%.
• El porcentaje de población indígena con estudios terminados del nivel secundaria es de 20.5% cifra menor en 3 puntos porcentuales al que se registra a nivel nacional que es de 23.7%.
• Las mayores brechas de rezago educativo entre la población indígena y la nacional se observan en la educación media superior y superior. Tienen educación media superior un 14.6% de la población indígena y un 21.9% de la población nacional. En cuanto a educación superior solo el 7% de la población indígena tiene acceso en contraste con el 18.2% a nivel nacional.

Estos niveles de educación se pueden observar en la gráfica siguiente:

Desafortunadamente en la presentación de los Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, 2015 (CDI, 2017) no se distingue la información de educación o actividad económica antes presentada por sexo, no permitiendo identificar si además de las brechas que existen en el tema educativo con respecto de la población nacional existe una distribución desigual entre la población indígena que es, por ejemplo, analfabeta o tiene educación superior respecto al sexo, al igual que en la población económicamente activa.

Como podemos observar existe un gran número de personas que son indígenas en México, ellas tienen distintas culturas y lenguas que son parte de la riqueza cultural de nuestro país. Desafortunadamente tanto por hablar una lengua distinta, vestir diferente y tener unos rasgos físicos determinados, aunado a la falta de servicios y oportunidades que sean acordes con sus culturas y cercanos a sus comunidades, las personas indígenas, especialmente aquellas que habitan en municipios con más de 40% de población indígena presentan altos grados de marginación educativa, social y económica. Cuando hay una situación de desigualdad es necesario implementar medidas que permitan nivelar esta situación, pero dichas medidas deben de planearse e implementarse tomando en cuenta las necesidades y prioridades de las personas y pueblos indígenas. Las personas no indígenas que vivimos en México podemos reflexionar sobre nuestra forma de entender a los pueblos indígenas de México y a buscar información que nos permita conocer más de los pueblos originarios de México, sus culturas y lenguas en la actualidad y a no tener visiones estereotipadas que contribuyan a perpetuar la discriminación. Además, nos podemos oponer a la discriminación de cualquier persona por motivos de su apariencia física, condición socioeconómica u origen étnico y apoyar que existan medidas de nivelación de carácter temporal que permitan a las personas indígenas acceder a oportunidades y servicios que hasta ahora son mucho más difíciles de alcanzar para ellas y ellos.

Fuentes:

CDI (2017) Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, 2015. México: Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas de México.

El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INLI. (14 de enero de 2008) Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales. Diario Oficial de la Federación.
https://www.inali.gob.mx/pdf/CLIN_completo.pdf

Navarrete Linares, F. (2008). Los Pueblos Indígenas de México. México: Comisión Nacional de los pueblos indígenas de México.

La discapacidad más que ser una excepción forma parte de la condición humana, donde la mayoría de las personas podemos llegar a experimentar de una discapacidad transitoria o permanente y aquellas que lleguemos a una edad avanzada experimentaremos limitaciones a nuestro funcionamiento corporal. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que más de mil millones de personas viven con algún tipo de discapaci¬dad; o sea, alrededor del 15% de la población mundial (OMS, 2011).

La OMS define la discapacidad como “un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales” (OMS, s/f). Es decir, el concepto discapacidad engloba situaciones diversas con las que viven un gran número de personas en el mundo y en nuestro país.

Por su parte la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) –aprobada por las Naciones Unidas en 2006, ratificada por México y que entro en vigor en mayo de 2008– señala en su artículo primero que las personas con discapacidad incluyen “a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”(ONU, 2006). Asimismo, colectivos que trabajan a favor de los derechos de las personas con discapacidad prefieren definir la discapacidad entendida como diversidad funcional de tipo físico, mental, intelectual o sensorial. Señalan que una definición que habla de limitaciones y deficiencias contribuye a la estigmatización de las personas con discapacidad y al no reconocimiento de la discapacidad como parte permanente de la diversidad humana.

Un acercamiento al tema de discapacidad desde los derechos humanos hace énfasis no solo en la diversidad funcional, sino en el entorno y en como este es habilitante o no para la persona con discapacidad. En este sentido el Grupo de Washington sobre estadísticas de discapacidad –organismo especializado que depende de la Organización de la Naciones Unidas– considera que la discapacidad “implica la interacción del estado funcional de una persona con su desarrollo físico, su entorno sociocultural y de políticas” (INEGI, 2016). Dicho de otro modo, la discapacidad surge en la interacción de un entorno no favorable para que una persona con alguna diversidad funcional pueda ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales que le son inherentes como persona y que están protegidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (OMS, 2011).

Debido a las dificultades que las personas con discapacidad enfrentan al moverse en los espacios físicos tanto rurales como urbanos, así como para comunicarse son mucho más susceptibles de vivir situaciones de vulnerabilidad en el acceso a las oportunidades como educación y empleo y a toda clase de servicios, incluyendo los de salud en comparación de las personas que no tienen una discapacidad o limitación. La OMS señala que existen 8 obstáculos incapacitantes: 1) Políticas y normas insuficientes; 2) Actitudes negativas; 3) Prestación insuficiente de servicios; 4) Problemas con la prestación de servicios –de calidad, accesibilidad e idoneidad para personas con discapacidad; 5) Financiación insuficiente; 6) Falta de accesibilidad; 7) Falta de consulta y participación de las personas con discapacidad en la toma de decisiones, especialmente en aquellas que les atañen directamente y; 8) Falta de datos estadísticos (OMS, 2011).

Además, la discapacidad afecta de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables. De acuerdo con la OMS las personas en el quintil más pobre, las mujeres y los ancianos presentan una mayor prevalencia de la discapacidad que el resto de la población (OMS, 2011). Si una persona con discapacidad además forma parte de un grupo históricamente discriminado o vive en una zona rural o muy pobre enfrentará condiciones más pronunciadas de exclusión. A continuación, presentamos algunos datos relevantes sobre las personas con discapacidad en México:

La información más reciente sobre la prevalencia de la discapacidad en México proviene de la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica (ENADID 2014) la cual señala que el 6% de la población en México vive con una discapacidad. Se trata de 7.1 millones de personas que no pueden o tienen mucha dificultad para hacer alguna de las ocho actividades evaluadas: caminar, subir o bajar usando sus piernas; ver (aunque use lentes); mover o usar sus brazos o manos; aprender, recordar o concentrarse; escuchar (aunque use aparato auditivo); bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse; y problemas emocionales o mentales (INEGI, 2016).

La ENADID 2014 incorpora las recomendaciones del Grupo de Washington sobre estadísticas de discapacidad, que enfatiza la dificultad que tienen las personas para realizar ciertas actividades básicas y que busca servir como un parámetro de referencia internacional que permita conocer la prevalencia de la discapacidad y proporcionar información que sirva para diseñar políticas específicas que permitan a las personas con discapacidad poder acceder al goce de sus derechos como cualquier otra persona (INEGI, 2016).

Existe una relación estrecha entre la condición de discapacidad y el envejecimiento demográfico. Casi la mitad de las personas con discapacidad (47.3%) son adultas mayores (60 años y más) y 34.8% tienen entre 30 y 59 años de edad. Lo cual contrasta con la población sin discapacidad ni limitación en la cual el 60% tienen menos de 30 años de edad (INEGI, 2016).

De las personas con discapacidad el 3.8 millones son mujeres y 3.3 millones son hombres. Las mujeres representan el 53.5% de las personas con discapacidad y los hombres el 46.5%. Se observan variaciones por sexo de acuerdo al grupo de edad, entre cero y 39 años la prevalencia de la discapacidad es mayor en los hombres y es mayor en las mujeres en el resto de la población (INEGI, 2016).

Los tipos de discapacidad más frecuentes son las dificultades para caminar (64.1%); seguidas de las dificultades para ver incluso con el uso de lentes (58.4%); aprender, recordar o concentrarse (38.8%); escuchar incluso con aparato auditivo (33.5%); mover o usar los brazos o manos (33%); bañarse, vestirse o comer (23.7%); problemas emocionales o mentales (19.6%) y, finalmente, hablar o comunicarse (18%). Los porcentajes suman más del 100% debido a que algunas personas pueden tener más de un tipo de discapacidad (INEGI, 2016). Ver la gráfica siguiente:

La causa número uno en el origen de la discapacidad son las enfermedades (41.3%), seguida de la edad avanzada (33.1%). Un 10.7% de las personas tienen una discapacidad desde el nacimiento, un 8.8% debido a algún accidente y el 0.6% por violencia (INEGI, 2016).

Educación:

Las personas con discapacidad tienen un menor acceso a los servicios de educación. Por ejemplo, el porcentaje de personas de 3 a 9 años que asisten a la escuela en las personas que no tienen una discapacidad o limitación es de 60.6%. En las personas con discapacidad este porcentaje se reduce al 46.6% (INEGI, 2016).

La población con discapacidad analfabeta de 15 años y más es de 22.7%, cifra que supera por mucho al 3.8% de la de la población sin discapacidad ni limitación que es analfabeta (INEGI, 2016).

De acuerdo con los resultados de la ENADID 2014, el promedio de escolaridad de la población de 15 años y más, a nivel nacional, es de 9 años, para los hombres de 9.2 y para las mujeres de 8.9 años. Los años de escolaridad aumentan a 9.8 para la población sin discapacidad ni limitación y disminuye a 5.3 años para las personas con discapacidad (INEGI, 2016).

Por sexo, el promedio de escolaridad de los hombres con discapacidad es de 5.7 años, mientras que para su contraparte sin discapacidad ni limitación es de 9.8. En la población femenina sucede algo semejante, para las que tienen discapacidad, el promedio es de 5 años y para las que viven sin discapacidad ni limitación es de 9.7 años (INEGI, 2016).

Participación económica:

En 2014, de cada 10 personas con discapacidad de 15 años y más de edad que residen en el país, aproximadamente 4 (39.1%) participan en actividades económicas. Ello contrasta con lo observado entre la población sin discapacidad ni limitación, en la cual participan en el mercado laboral cerca de 7 (65.7%) de cada 10 (INEGI, 2016).

Los hombres de 15 años y más sin discapacidad ni limitación participan en el mercado laboral en un 84.7% en cambio los hombres con discapacidad lo hacen en un 52.9%. En las mujeres sin discapacidad ni limitación de 15 años y más la participación en el mercado laboral es de 47.9% lo cual disminuye a 27.6% en las mujeres con discapacidad (INEGI, 2016).

El porcentaje de participación en actividades económicas de las personas con discapacidad de 15 años y más varía en función del tipo de discapacidad, siendo la más alta la de las personas que no pueden ver, aunque usen lentes (39.9%), seguida de las personas que no pueden escuchar, aunque usen un aparato auditivo (35.0%) y las que no pueden caminar, subir o bajar usando sus piernas (32.4%). Casi empatadas en participación económica están las personas con discapacidad para aprender recordar o concentrarse y mover o usar sus brazos o manos con 30.7% y 30.2%, respectivamente. Por último, las personas con discapacidad con menor inserción laboral son las que tienen problemas emocionales o mentales (27.2%); las que no pueden hablar o comunicarse (20.8) y las que tiene dificultades para realizar actividades de autocuidado como bañarse, vestirse o comer (16.1%). Esta información se ilustra en la siguiente gráfica:

Salud:

De acuerdo con los datos de la ENADID 2014, 83 de cada 100 personas con discapacidad están afiliadas a un servicio de salud. Proporción un poco mayor que el de aquellas sin discapacidad ni limitación (79.8%). Por sexo el 85.1% de las mujeres están afiliadas contra el 81.4% de los hombres. (INEGI 2016).

En la población con discapacidad el 50.5% está afiliada a programas sociales (Seguro Popular o IMSS oportunidades) y el 52.7 por ciento tiene seguridad social en el IMSS, ISSSTE, ISSSTE estatal, PEMEX, Defensa o Marina (INEGI 2016).

Por tipo de afiliación el 30% de las personas con discapacidad lo está por un familiar en el hogar, el 28.9% por un programa social, el 12.3% por trabajo, el 9.7% por contratación personal, el 8.9% por un familiar de otro hogar, el 0.4% por ser estudiante y el 9.8% por jubilación o invalidez. De los tipos antes mencionados las personas con discapacidad presentan un porcentaje mayor que aquellas sin esta condición en afiliación por programa social, contratación personal, familiar de otro hogar y jubilación e invalidez. Por otro lado, las personas sin discapacidad ni limitación están afiliadas por trabajo en un 19.6% en contraste con el 12.3% de las personas con discapacidad; cifra que muestra una diferencia significativa por sexo al estar afiliadas por trabajo solamente el 7.3% de las mujeres y el 18.3 de los hombres con discapacidad (INEGI 2016).

Pobreza:

La mitad (49.4%) de las personas con discapacidad vive en situación de pobreza: 39.4% vive en pobreza moderada, mientras que 10% está en pobreza extrema (CONEVAL 2017).

La mayoría de hogares que tienen personas con discapacidad está en los deciles de ingreso más bajos. Hasta 45% de los ingresos de esos hogares proviene de transferencias oficiales (54.7% del total) y de otro tipo (INEGI 2012).

Como se puede observar en la información existente para México, las personas con discapacidad tienen un menor acceso a educación y empleo lo cual aumenta su situación de dependencia y las posiciona en una situación de vulnerabilidad. En el caso de empleo las mujeres con discapacidad presentan los menores niveles de acceso. Igualmente, el acceso a servicios de salud de las personas con discapacidad tiende a ser menor por empleo que en el resto de la población. La relación entre envejecimiento de la población y aumento de la discapacidad es un factor a considerar ya que la tendencia demográfica indica que cada vez habrá más personas mayores en nuestro país y por tanto mayor número de personas con discapacidad.

Por todo lo anterior es necesario que se adopten políticas que permitan a las personas con discapacidad acceder al pleno ejercicio de sus derechos, entre ellos, el derecho a la educación, al empleo digno y a los servicios de salud adecuados. También es necesario que se avance en lograr una accesibilidad universal tanto en los espacios públicos como privados, que se reconozca la personalidad jurídica de las personas con discapacidad y que se les consulte sobre aquellos temas que les atañen directamente.

Fuentes:

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL (2017). Resultados de pobreza en México 2016. México: CONEVAL

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI (2016) La discapacidad en México, datos al 2014. México: INEGI.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI (2012). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2012. México: INEGI

Organización de las Naciones Unidas, ONU (2006). Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Accedido 10 de julio de 2018. Disponible en: http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf

Organización Mundial de la Salud, OMS (2011). Resumen Informe Mundial sobre la Discapacidad. Malta: Organización Mundial de la Salud y Banco Mundial

Organización Mundial de la Salud, OMS (s/f) Discapacidades. Accedido 13 de agosto 2018. http://www.who.int/topics/disabilities/es/

Los roles de género indican pautas aceptadas de comportamiento para hombres y mujeres en una sociedad y en un contexto temporal y geográfico determinado. Los roles de género no son estáticos y cambian a través del tiempo. Aunque las diferencias en las actividades que realizan hombres y mujeres no deberían de ser un sinónimo de desigualdad, las forma en la que se estructuran las tareas que realizan los hombres y las mujeres (las mujeres siguen realizando considerablemente más del trabajo no remunerado del hogar y de los cuidados de crianza y para personas mayores o dependientes, y para los hombres se refuerza su rol de proveedores principales del hogar) y las actitudes que se asocian con ambos sexos (en las que se considera por ejemplo que las mujeres son poseedoras de características expresivas como la dependencia, la sensibilidad, la obediencia, la afectividad o la inseguridad y a los hombres se les asocia con características instrumentales, como la competencia, la independencia, la capacidad de emprender o dominar) producen desiguales accesos a las oportunidades y beneficios para hombres y para mujeres, a causa de una mayor valoración de aquellas actividades y actitudes relacionadas con lo masculino en contraparte de lo relacionado con lo femenino. Esta diferente valoración y beneficios generan brechas de género que se traducen en relaciones de poder desiguales (SHCP, 2017).

Algunas desigualdades de género en la actualidad son el mayor tiempo dedicado por parte de las mujeres a las tareas de cuidados y del hogar no remuneradas aun cuando ellas participan en el mercado de trabajo y su menor participación en los ámbitos de toma de decisiones tanto públicos como privados. La violencia contra las mujeres se considera la manifestación más extrema de la desigualdad de género puesto que limita las oportunidades de crecimiento y desarrollo de las mujeres, atenta contra sus derechos humanos y es por desgracia una práctica muy extendida en nuestro país.

La violencia contra las mujeres se reconoce como un tipo específico de violencia que ocurre como resultado de los desequilibrios de poder en las relaciones de género, por lo que también es común que se denomine violencia de género o violencia basada en el género. Desde la perspectiva de género y de derechos humanos se observa que las causas y factores que propician la violencia contra las mujeres se encuentran arraigados en un contexto sociocultural de desigualdad de género y de discriminación estructural que produce resultados desiguales de acceso a los recursos, oportunidades y poder de decisión que se refleja tanto en la esfera pública como la privada (SHCP, 2017).

Es importante notar que todas las personas, no solo las mujeres tienen derecho a vivir una vida libre de violencia y aunque las mujeres también pueden ejercer violencia entre ellas o hacía los hombres, estadísticamente las prácticas de violencia de las mujeres hacia otras personas son muy inferiores de la violencia que ejercen los hombres contra las mujeres. Es por esa razón que en este apartado nos enfocamos en la violencia que ocurre en contra de las mujeres, en su mayoría ejecutada por hombres (SHCP, 2017).

De acuerdo con información de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2016) el 66.1% de las mujeres de 15 años o más han sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida, en al menos un ámbito y ejercida por cualquier agresor. El 49% de las mujeres ha sufrido violencia emocional. El 41.3% algún tipo de violencia sexual. El 34% han sufrido de violencia física y el 29.0% violencia económica o patrimonial o discriminación en el trabajo (INEGI, 2017).

Para dimensionar la gravedad de la problemática de la violencia contra las mujeres en México, en el siguiente cuadro reproducimos la información recopilada y sistematizada por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIN) y el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la Universidad Nacional Autónoma de México (CONAVIN-PUEG, 2016 citado en SHCP, 2017, p.30-31) acerca de los costos de la violencia de género en México:

La violencia contra las mujeres en México en 2015 representó el 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y 5.2 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Para dimensionar esta cifra podemos mencionar que de acuerdo a estadísticas publicadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), México dedica únicamente 0.5% de su PIB a las áreas de investigación y desarrollo (Sandoval Villalbazo, 28 de noviembre 2017). Esto es, los costos asociados a la violencia en contra de las mujeres en México, equivale a casi tres veces lo que el país invierte en áreas de investigación y desarrollo. Esto nos indica que los costos asociados a la atención de la violencia contra las mujeres no son menores y reflejan el grave problema de salud pública que esta problemática tiene en la sociedad mexicana actual.

Lo cual nos invita a reflexionar sobre la importancia de combatir los estereotipos de género tanto en hombres como en mujeres y la discriminación estructural que sufren en nuestra sociedad mujeres y niñas y que impiden su pleno desarrollo, produciendo consecuencias negativas para el crecimiento y desarrollo de las mujeres y de toda la sociedad en su conjunto.

Fuentes:

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI (2017). Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016. Principales Resultados. México: INEGI

Sandoval Villalbazo, A. (28 de noviembre 2017). México, estancado en porcentaje del PIB que destina a investigación y desarrollo. Ibero Prensa. Recuperado de: http://www.ibero.mx/prensa/mexico-estancado-en-porcentaje-del-pib-que-destina-investigacion-y-desarrollo

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP (2017). Guía Pautas para la igualdad de género. México: SHCP

Cuando escuchamos el término ciberviolencia muchas veces no es claro como esta puede referir a una forma específica de violencia contra las mujeres y niñas y ser por esta razón una forma de violencia de género. También cuando se habla sobre ciberviolencia muchas veces se utilizan términos que no conocemos, algunos de los cuales aparecen en inglés como sexting, doxing, etc., lo cual contribuye a que el tema nos pueda parecer confuso e inaccesible. En esta entrada sobre ciberviolencia contra mujeres y niñas (ciber VCMN) intentaremos explicar algunos de los aspectos más relevantes del fenómeno creciente de la ciber VCMN así como analizar cuáles han sido algunas de las respuestas institucionales en estos casos para abonar a su conocimiento y prevención.

Todas las personas, hombres y mujeres, son susceptibles de sufrir alguna forma de violencia en línea entre las que se encuentran: acceso no autorizado o intervención a cuentas personales (sociales o financieras) o control del acceso; control o manipulación de la información; suplantación y robo de identidad; monitoreo o acecho (stalking); expresiones discriminatorias; acoso; amenazas; difusión de información personal (doxing) o íntima sin consentimiento (pornografía no consentida); extorsión; enganche con fines de abuso sexual (grooming) o de trata de personas; o hackeo de computadoras, aparatos electrónicos o cuentas personales (Luchadoras, 2017).

Estudios recientes indican que las mujeres tienen mayor probabilidad de sufrir algunos tipos específicos de violencia en línea, que las consecuencias de estos tipos de violencia pueden ser más traumáticos para ellas y que pueden llegar a sufrir formas más graves de violencia en línea entre las que se encuentran el ciberhostigamiento y el acoso sexual en línea (EIGE, 2017). Por ejemplo, una encuesta realizada en 2014 en Estados Unidos por el Pew Research Center encontró que son las personas jóvenes de entre 18 y 24 años las que tienen mayores probabilidades de sufrir alguno de los siguientes tipos de violencia en línea: ofensas, humillaciones, monitoreo o acecho, hostigamiento sexual, amenazas físicas y hostigamiento prolongado. Aunque en números totales hombres y mujeres de esta edad presentan proporciones similares de violencia en línea, los hombres presentan mayores proporciones en algunas de las formas consideradas menos graves de violencia como ofensas y humillaciones y las mujeres presentan de forma desproporcionada niveles más altos de violencia en formas estimadas más graves como monitoreo o acecho, hostigamiento sexual y hostigamiento prolongado (2014). Igualmente, las mujeres suelen ser la mayoría de las víctimas de formas de violencia en línea como la pornografía no consentida y las actividades que buscan engañar personas para convertirlas en víctimas de trata.

Ante la novedad pero al mismo tiempo creciente aparición del fenómeno los estudios existentes coinciden en la necesidad de ahondar en el conocimiento de la violencia en línea, de las consecuencias que puede tener en la vida de las personas y de las repuestas institucionales para avanzar hacía mejores prácticas que desincentiven la aparición de la ciber VCMN y den una respuesta adecuada desde el punto de vista de las víctimas y castigo a las personas responsables de perpetrar violencia en línea. Para poder avanzar en el conocimiento de las formas de violencia en línea que afectan más a las mujeres y las que afectan más a los hombres (es decir que se integre la perspectiva de género) es importante que la información que se recabe incluya entre otras, el sexo de la víctima, el sexo de la persona agresora y si existía o existió algún tipo de relación entre la persona agredida y la ejecutora de violencia en línea (EIGE, 2017).

Es importante notar que la violencia en línea no es una manifestación aislada de violencia, sino que a través de los medios electrónicos sirven como medios para el ejercicio de las tendencias violentas que ya existen en la sociedad solo que magnificadas a través de la facilidad y rapidez con la que puede ser llevada a cabo online y la posibilidad de anonimato a través de cuentas falsas de internet para perpetuarlas (García Rosales, 2016). En un contexto como el mexicano, en el que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2016) el 66.1% de las mujeres de 15 años o más han sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida, en al menos un ámbito y ejercida por cualquier agresor (INEGI, 2017), no es de extrañar que se den casos de violencia contra las mujeres también por medios electrónicos.

Algunos estudios llaman a poner especial atención a aquellas formas de violencia en línea que se encuentran estrechamente relacionadas con la violencia en las relaciones de pareja ya que de acuerdo a algunos estudios la ciber VCMN en más de un 50 por ciento de los casos va acompañada por episodios de violencia física, psicológica o sexual en ámbitos presenciales (EIGE, 2017). Esto reitera la importancia de no crear una falsa dicotomía entre la violencia “en la vida real” y “en línea”.

La Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) define la violencia en línea contra las mujeres como actos violentos cometidos, instigados o agravados por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, las redes sociales o correo electrónico que tienen el potencial de causar daño psicológico o emocional, reproducir estereotipos, dar por resultado perdidas económicas, plantear barreras a la participación pública de las mujeres y conducir a otras formas de violencia física o sexual (APC, 2015).

La APC insiste en la importancia de reconocer los daños que la ciber VCMN tiene en la vida de las afectadas, pues señala, estos tienden a ser desestimada tanto por las personas integrantes de los círculos cercanos a la víctima como por las autoridades. En un estudio realizado por esta organización con mujeres de siete países (Bosnia Herzegovina, Colombia, la República Democrática del Congo, Kenya, México, Paquistán y Filipinas) que analizó 1,126 casos las mujeres víctimas de violencia en línea reportaron las siguientes afectaciones: el daño emocional (33%), el daño reputacional (20%), el daño físico (13%) y la invasión a la privacidad (13%); y en 9% de los casos hubo alguna forma de daño sexual (APC, 2014 en Luchadoras, 2017).

Definiciones:

Aunque no existen definiciones acordadas o consensuadas ni a nivel nacional o internacional, a continuación, presentamos algunas definiciones de algunos tipos de ciber VCMN basados en bibliografía reciente. Cabe mencionar que estos tipos de violencia no se excluyen entre sí y una persona puede ser al mismo tiempo victima de más de una forma de violencia en línea.

1. Cibercontrol: también conocido como monitoreo y acecho o con la palabra en inglés stalking o ciberstalekeo, se refiere a la vigilancia continua a las actividades de la vida cotidiana que realiza una persona independientemente si la persona se da cuenta o no de que está siendo acechada. El ciberacecho puede ocurrir través de la información que la misma persona hace pública a través de redes sociales o a través de mecanismos de geolocalización incluidos en dispositivos móviles o de programas espías como Spywere, SpyBuble –programas que sirven para robar datos y rastrear información por red– o Pegasus –de venta únicamente para gobiernos, pegasus es un malware que infecta dispositivos permitiendo el acceso a la información almacenada en el teléfono, como correos electrónicos y contactos, y activa los micrófonos y cámaras sin que el afectado se dé cuenta, por el cual fueron afectados distintas personas activistas y periodistas en México (Luchadoras, 2017). El cibercontrol puede incluir la intención de una persona, en muchas ocasiones la pareja, de controlar que amistades puede otra persona tener o no en sus redes y con quien puede o no hablar. Estas prácticas de cibercontrol que constituyen actos de violencia se encuentran muy naturalizadas en las relaciones de pareja, donde muchas personas no identifican que el hecho de que su pareja quiera saber todo el tiempo en dónde está, con quien habla y con quien se relaciona, y tener derecho a restringir dichas interacciones, facilitado por los medios electrónicos, constituyen, de hecho, actos de violencia. El ciberachecho y el cibercontrol pueden ser ejercidos tanto por personas conocidas como desconocidas de la víctima (García Rosales, 2016; Luchadoras, 2017).
2. Ciberhostigamiento: es una forma de hostigamiento realizada por medios electrónicos que implica incidentes reiterados, los cuales de manera independiente pueden o no ser dañinos, pero que debido a su carácter prolongado y contra la voluntad de la víctima quebrantan la sensación de seguridad de la víctima y producen angustia miedo o alarma. Algunos ejemplos de estas conductas pueden ser: el envío de mensajes de correo electrónico, mensajes de texto (SMS) o mensajes instantáneos con contenido ofensivo o amenazador; la publicación de comentarios ofensivos en internet sobre la persona en cuestión; compartir fotografías o vídeos íntimos de la víctima a través de internet o del teléfono móvil (EIGE, 2017; García Rosales, 2016).
3. Ciberacoso: se define cómo conductas de carácter reiterado y no solicitado hacia una persona, que pueden resultar molestas, perturbadoras o intimidantes y puede incluir conductas de contenido sexual (Luchadoras, 2017). Algunos ejemplos de ciberacoso son: mensajes de correo electrónico, de texto (o en línea) sexualmente explícitos y no deseados; insinuaciones inapropiadas u ofensivas en redes sociales o salas de chat en internet; amenazas de violencia física o sexual proferidas por correo electrónico o mensajes de texto (o en línea); incitación al odio, entendida como el uso de un lenguaje que denigre, insulte, amenace o ataque a una determinada persona a causa de su identidad (género) y otras características (como su orientación sexual o discapacidad).
4. Pornografía no consentida: también conocida como ciberexplotación o “pornografía de venganza” es la distribución en línea de fotografías y videos de contenido sexual sin el consentimiento de al menos una de las personas que aparecen en una imagen o vídeo. Es común que el autor de esta forma de ciberviolencia sea una expareja, que tuvo acceso a esas fotos y videos durante el transcurso de una relación de pareja y una vez terminada la relación los difunde sin el consentimiento de la víctima con la intención de humillarla y causarle daño (EIGE, 2017; García Rosales, 2016). –Aquí es importante recordar que la práctica de realizar y compartir de manera consensuada materiales gráficos de contenido erótico, conocida como sexting (contracción de las palabras en inglés sex y texting, es decir sexo y mensajear) no es un delito y no autoriza a la persona que realiza o almacena estos materiales a la difusión de los mismos. El sexting es una forma de expresión de la sexualidad que va en aumento, por ejemplo, se calcula que en Estados Unidos la mitad de la población adulta sextea y el 70 por ciento reconoció que ha recibido fotos íntimas (Esquivada, 18 de diciembre de 2016). Se calcula que el 90 por ciento de las víctimas de pornografía no consentida son mujeres y por desgracia es un crimen que va en aumento. Por ejemplo, en Reino Unido se recibieron casi 2000 llamadas solicitando orientación en una línea de ayuda creada ex profeso para este tipo de casos (EIGE, 2017). La pornografía sin consentimiento también puede ejercerse por personas que no son parejas o exparejas de la víctima, pero que tienen la intención de causar daño y que obtienen esta información a través de la intrusión fraudulenta en las cuentas o dispositivos electrónicos de la víctima o incluso con materiales fabricados a través del uso de programas como Photoshop. Las consecuencias de este tipo de violencia pueden ser devastadoras para las víctimas, incluyendo consecuencias de tipo económico, al perder su empleo, y se han registrado casos en los que las víctimas se han suicidado como consecuencia de un hecho de pornografía no consentida. También ocurren casos de pornografía no consentida en personas con una orientación sexual distinta a la heterosexual y que no han hecho del conocimiento público su orientación sexual, los materiales gráficos son utilizados para chantajearlas y extorsionarlas (esta práctica se conoce también como outing). ¹ La pornografía no consentida puede estar ligada a otras formas de violencia física o psicológica pues los agresores muchas veces publican datos personales de la víctima como domicilio, lugar de trabajo y cuentas de redes sociales y usuarios de sitios donde se publica la pornografía no consentida tienden a atacar a las víctimas de esta forma de ciberviolencia tanto con comentarios hirientes online como con amenazas de violencia o violación poniendo en riesgo la vida e integridad de las víctimas (EIGE, 2017). Es importante que en estos casos se entienda que el problema está en la distribución no consentida de materiales gráficos de contenido sexual y se evite culpabilizar a las víctimas.
5. Cibermisoginia y violencia simbólica contra las mujeres: se trata de prácticas que difunden información y contenidos, incluyendo imágenes y vídeos que promueven odio, rechazo aversión o desprecio hacia las mujeres en línea por medios electrónicos. Esto puede ir desde la reproducción de estereotipos de género, con comentarios como “las mujeres solo sirven para cocinar” o generalizaciones ofensivas como “todas las mujeres son unas putas” y la representación de las mujeres como objetos sexuales (García Rosales, 2016). ²Este discurso que promueve la violencia contra las mujeres ha llegado a casos en los que se difunden agresiones sexuales contra mujeres a través de vídeo con consecuencias devastadoras para las victimas (EIGE, 2017).³
6. Enganche con fines de explotación sexual o trata: el grooming es una palabra empleada para describir el uso redes sociales para cultivar deliberadamente una conexión emocional con menores de edad con fines de abuso o explotación. Igualmente existen mecanismos fraudulentos a través de los cuales se reclutan personas para ejercer una explotación de su imagen o su cuerpo, para los cuales los medios electrónicos funcionan como un facilitador fundamental (Luchadoras, 2017).

Ciber VCMN en México:

Como se ha mencionado en todo el mundo existen limitaciones para conocer las dimensiones de la violencia en línea, en parte debido a la falta de registros estadísticos y de información de los cuerpos de seguridad que dan atención a estos casos. En México el único registro estadístico con representatividad nacional que se ha levantado es el Módulo sobre Ciberacoso 2015 (MOCIBA), un módulo experimental incluido en ese año como parte de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las TIC en Hogares (ENDUTIH) elaborada por el Instituto Nacional de estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

El INEGI definió el ciberacoso o acoso digital “como una intromisión de naturaleza repetitiva en la vida íntima de una persona, utilizando para ello medios electrónicos, fundamentalmente Internet y teléfonos celulares. Se presenta de forma encubierta porque las víctimas son atacadas a través de redes sociales o de las TIC sin otro objetivo que infligir maltratos y denigraciones” (Luchadoras, 2017).

Las formas de acoso registradas por la encuesta fueron diez:

1. El registro en un servicio o sitio sin su consentimiento.
2. El envío de spam o virus.
3. El envío de mensajes con insultos, amenazas, intimidación o incómodos.
4. Llamadas con insultos, amenazas, intimidación o incómodos.
5. Daño por publicación de información vergonzosa, falsa o íntima.
6. Robo de identidad o apropiación de contraseña para enviar mensajes perjudiciales.
7. Rastreo de sitios web visitados.
8. Envío de videos o imágenes de contenido sexual o agresivo.
9. Presión para dar su contraseña para vigilarle.
10. Contacto con identidades falsas.

Según el Módulo sobre Ciberacoso 2015 del INEGI, al menos 9 millones de mexicanas han vivido ciberacoso. Las mujeres más vulnerables a sufrir algún tipo de acoso son las mujeres de entre 20 y 29 años, seguidas por el grupo de 12 a 19 años. Las formas de acosar que más afectaron a las mujeres fueron: el spam o virus (23.7%), le sigue la recepción de contenido multimedia (13.8%), llamadas telefónicas (13.5%), el contacto con identidades falsas (13.4%), el registro en sitios web (10.7%), la recepción de mensajes (9.7%), el robo de identidad (7.7%), el rastreo de sus sitios web (3.9%) y el daño a través de la divulgación de información personal (3.2%), y el robo de contraseña (0.5%) (Luchadoras, 2017).

Esta edición del MOCIBA no registró el sexo de la persona agresora, pero sí información sobre si existía una relación o no con la misma. El 86.3% de quienes agredieron a las mujeres fueron personas desconocidas y sólo el 11.1% eran personas conocidas. De los cuales el 5.9% eran amigas o amigos, el 4.5% eran compañeras o compañeros de clase o de trabajo, el 2.2% se trató de una pareja o ex pareja y en el 2.3% un familiar (Luchadoras, 2017).

El MOCIBA también registro las acciones que las personas tomaron ante los casos de ciberacoso. En el caso de las mujeres un 26.3% bloqueó a las personas, otro 26.3% ignoro la situación, el 13.9% optó por cambiar o cancelar su número de teléfono o cuenta, un 11.3% informó a una tercera persona de la situación, el 5.6% confrontó a la persona agresora, el 4% presento una denuncia ante la autoridad y el 4.2% tomó otras medidas (Luchadoras, 2017).

Por otro lado, organizaciones de la sociedad civil advierten sobre un aumento preocupante de ataques por medios electrónicos tanto a mujeres activistas cómo comunicadoras. Las mujeres periodistas o activistas se ven envueltas en campañas de desprestigio en las cuales se centran en su sexualidad para denostarlas, desprestigiarlas o inhibirlas. También observan una tendencia a desprestigiar a las mujeres que ocupan posiciones de dirección en los medios argumentando que “no son capaces” para el desempeño de los mismos (Luchadoras, 2017).

Buenas prácticas internacionales

En algunos países de Europa se ha legislado y adoptado acciones para combatir la violencia en línea contra las mujeres. A continuación, presentamos algunos de estos ejemplos, tomados del documento La Ciberviolencia contra mujeres y niñas elaborado por el Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE, 2017).

Ejemplos de Legislación:

1. En abril de 2015 en el Reino Unido se tipificó como delito compartir fotografías o vídeos sexuales sin el consentimiento de las personas que aparezcan en estos, con la intención de perjudicarlos, con una pena de prisión máxima de dos años.⁴
2. En 2016 en Francia como parte de la “Ley de la república digital”, se aplicaron sanciones más rigurosas a quienes se declare culpables de cometer “venganza pornográfica” con penas de prisión de dos años y multas de 60,000 EUR.
3. En 2014 un tribunal alemán declaró ilegal el almacenamiento de fotografías íntimas de una expareja después de que esta hubiera solicitado su eliminación.

Ejemplos de acciones:

1. En 2009 la Universidad de Bedforshire en el Reino Unido creó el Centro Nacional para la Investigación sobre Ciber¬hostigamiento (NCCR, National Centre for Cyber-stalking Research) con el objetivo de investigar y analizar la prevalencia, las motivaciones, las repercusiones y la evaluación de los riesgos de la ciber VCMN.⁵
2. En 2015, también en el Reino Unido se estableció un servicio de atención telefónica para las víctimas pornografía no consentida, que recibió casi 2,000 llamadas en su primeros seis meses de funcionamiento.

Datos sobre legislación México

Los actos de ciber VCMN pueden afectar los derechos a la privacidad, la intimidad, la libertad de expresión, acceso a la información y en caso de una agresión el derecho al acceso a la justicia y a las garantías judiciales. Algunos estados de la república han creado tipos penales que buscan penalizar la difusión no consentida de fotografías o vídeos de contenido sexual, pero las organizaciones advierten que en algunos casos como en el Código Penal del Estado de Chihuahua se confunden términos como sexting (el compartir de manera voluntaria y consensuada materiales audiovisuales de carácter erótico) con el delito de la obtención fraudulenta y difusión de los mismos. Asimismo, ha habido intentos de reformar el Código Penal Federal para sancionar el ciberacoso y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, sin que se hayan aplicado hasta ahora (Luchadoras, 2017).

La coalición de organizaciones de la sociedad civil La internet es nuestra sugiere que para avanzar en una mejor impartición de justicia en los casos de ciber VCMN se revise si dentro de la legislación existente se puede encontrar la que sea aplicable a este tipo de conductas en vez de crear nuevos tipos penales. Asimismo, sugiere que se evite que la nueva legislación contravenga el ejercicio de otros derechos humanos como la libertad de expresión, privacidad, los derechos sexuales de las mujeres o propicie la generación de un entorno adverso de vigilancia (Luchadoras 2017).

Por otro lado, estudios tanto nacionales como internacionales llaman a reconocer las limitaciones de un enfoque solamente jurídico para dar respuesta a los casos de ciber VCMN. Si bien es necesario implementar políticas y estrategias que promuevan una mejor respuesta ante estos casos de violencia, se deben contemplar otras acciones de prevención y acompañamiento, para atender el problema de manera integral (EIGE, 2016; Luchadoras 2017).

Retos y recomendaciones

Para dar respuesta a la problemática de ciber VCMN Instituto Europeo de la Igualdad de Género sugiere:

1. Estudiar los casos en los que la ciber VCMN está vinculada a la violencia en las relaciones de pareja y diseñar políticas que tomen en cuenta esta interrelación entre el mundo real y virtual y donde se escuche la experiencia de las víctimas.
2. Sugieren trabajar en las definiciones de los distintos tipos de ciber VCMN y que se incluyan en la legislación, para que estos delitos se puedan perseguir y exista un registro estadístico de los casos ocurridos.
3. Mejorar la información sobre el tema, desagregada por sexo (de la víctima y de la persona agresora) que se incluya si existe o existió una relación entre ellas y que se utilice esta información para el diseño de políticas públicas e indicadores
4. No incurrir en medidas que limiten la participación de las mujeres en el espacio público y en internet, así como cuantificar el impacto que la ciber VCMN tiene en la menor participación de las mujeres en los espacios virtuales.
5. Realizar estudios cualitativos y cuantitativos sobre las respuestas institucionales a los casos de ciber VCMN que incorporen las voces de las víctimas.
6. Incorporar la perspectiva de género en las respuestas policiales para que no se culpabilice a las víctimas o se les revictimice en el proceso de impartición de justicia.
7. Implementar campañas que informen sobre la ciber VCMN, se de conocer los derechos legales que protegen a mujeres y niñas y de los servicios de ayuda disponible.
8. Evitar la generación y propagación de estereotipos de género y la propagación de imágenes degradantes de mujeres y de aquellas imágenes en las que se asocia al sexo con la violencia.
9. Que las agencias encargadas de la ciberdelincuencia se ocupen de los mecanismos en línea que son utilizados para enganchar a mujeres en la trata de personas.

Adicionalmente a estas medidas señaladas por el EIGE, Patricia Garcia Robles señala la importancia de incorporar las siguientes medidas contra la ciberviolencia de género:

1. Ampliar el conocimiento en cuanto al uso seguro de internet.
2. Promover una utilización igualitaria de las Tecnologías de la Información y la Comunicación(TIC).
3. Desarrollar capacidades de pensamiento crítico y de discusión ante el riesgo de la normalización de la violencia en entornos virtuales.
4. Desarrollar habilidades sociales y emocionales en hombres y mujeres que faciliten las relaciones entre iguales, promuevan la diversidad y la no discriminación.
5. Incluir elementos de educación emocional y relacional en la educación sobre el uso de las TIC.

Organizaciones que ayudan a las víctimas ciber VCMN

Como se ha mencionado anteriormente las consecuencias de los actos de ciber VCMN pueden tener graves consecuencias para las víctimas, por esta razón han surgido organizaciones que apoyan a las mujeres a sobreponerse y a acceder a la justicia como la organización Civil Rights fundada por Holly Jacobs quién como sobreviviente de un crímen de pornografía no consentida creo esta organización para apoyar a víctimas de este tipo de casos (https://www.cybercivilrights.org/welcome/). En Estados Unidos la abogada Carrie Goldberg fundo C.A. Goldberg una firma de abogados dedicada a la defensa legal de víctimas de acoso, extorsión y hostigamiento en línea y en la vida real y de otras formas relacionadas de violencia (http://www.cagoldberglaw.com/about/) En México la organización Son Tus Datos, es el programa de la organización Artículo 12 A.C., dedicado a la defensa, promoción y protección de los derechos a la privacidad y a la protección de datos personales de las y los usuarios de Internet y otras Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y ha apoyado a mujeres que han sido víctimas de distintas formas de violencia en línea (https://sontusdatos.org/acerca-de/la-asociacion-civil/).

Fuentes:

Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (2015). Technology-related violence against women, A briefing paper. Disponible en:https://www.apc.org/sites/default/files/HRC%2029%20VAW%20a%20briefing%20paper_FINAL_June%202015.pdf

Association for Progressive Communications (2014) “End violence: Women’s rights and safety online Analysis of incidents of technology-related violence against women reported on the “Take Back the Tech!” Ushahidi platform ”.

Esquivada G. (18 de diciembre de 2016). La batalla legal contra la "pornografía de venganza", la revancha de los ex furiosos en internet. Infobae. Accedido el 30 de agosto de 2018. Disponible en: https://www.infobae.com/america/eeuu/2016/12/18/pornografia-no-consensuada-la-venganza-criminal-de-los-ex-en-internet/

García Rosales, P. (2016). Término crimipedia: ciberviolencia de género. España: Crímina y Universitas Miguel Hernández. Accedido el 30 de agosto de 2018. Disponible en: http://crimina.es/crimipedia/topics/ciberviolencia-de-genero/

Instituto Europeo de la Igualdad de Género, EIGE (2017) La ciberviolencia contra mujeres y niñas.

Luchadoras (Coord.). (2017). La violencia en línea contra las mujeres en México. Informe para la Relatora sobre Violencia contra las Mujeres Ms. Dubravka Šimonović. México: Internet es nuestra. Disponible en: https://luchadoras.mx/wp-content/uploads/2017/12/Informe_ViolenciaEnLineaMexico_InternetEsNuestra.pdf

Pew Research Center (2014). Online Harassment. Disponible en:http://www.pewinternet.org/2014/10/22/online-harassment/.

¹ Algunos casos de suicidio propiciados por la pornografía no consentida son: La italiana Tiziana Cantone quien se suicidó en 2016 a raíz de un acto de pornografía no consentida. Antes de los hechos se había quedado sin trabajo (https://www.bbc.com/news/world-europe-37377286); La canadiense Amanda Todd, de 15 años de edad, se suicidó en 2012 después de que un hombre distribuyera imágenes suyas en internet sin su consentimiento (http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/seguridad/producto/el-caso-de-amanda-todd-subtitulado/); La brasileña Julia Rebecca de 17 años de edad (https://es.globalvoices.org/2013/11/28/dos-brasilenas-se-suicidan-tras-filtrarse-una-pelicula-y-fotos-de-contenido-sexual/); El estadounidense Tyler Clementi, de 18 años, estudiante de la Universidad de Rutgers, en Nueva Jersey quien se suicidó en 2010 después de que un compañero de cuarto en su residencia instaló un cámara escondida y grabo y difundió dos encuentros sexuales de Tyler con un compañero (https://elpais.com/sociedad/2010/09/30/actualidad/1285797612_850215.html)

² Por ejemplo, un estudio sobre ciberacoso en la Ciudad de México encargado por el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México dentro de la Meta A.III.1 del programa “Ciudad Segura y Amigable para la Mujeres y las Niñas” encontró la distribución de mensajes sexistas y misóginos en Facebook y Twitter acompañados de hashtags que promueven la violencia contra las mujeres como #SiNoTeGolpeaNoTeAma, #SerMachistaEsHermoso y #QuemaATuMujerPorGolfa (Luchadoras, 2017).

³ En 2017 se presentaron dos casos de violación a mujeres por varios individuos, uno en Estados Unidos contra una adolescente de 15 años de edad ( https://www.independent.co.uk/news/world/americas/chicago-teenager-gang-rape-facebook-live-video-dozens-watched-a7642866.html) y otro en Suecia (https://www.bbc.com/news/world-europe-38717186) y transmitidos a través de la función Facebook Live. Estos casos reiteran que no existe una división tajante entre violencia en la vida real y ciber VCMN.

⁴ Más información en: https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/revenge-pornography-guidelines-prosecuting-offence-disclosing-private-sexual.

⁵ Las publicaciones del NCCR están disponibles en: http://uobrep.openrepository.com/uobrep/handle/10547/216709.

La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores aprobada el 15 de junio de 2015 en el seno de la Organización de Estados Americanos adopta el término persona mayor como el más correcto para referirse a aquellas personas de 60 años y más, antes referidas como personas adultas mayores.

El aumento en la esperanza de vida es un reflejo de un mayor desarrollo económico y social, pero representa también un reto para las sociedades actuales. En México, en 1930 las personas vivían en promedio 34 años, para 1970 la esperanza de vida había aumentado a 61 años y para 2016 era de 75.2 años en promedio y de 77.8 años para las mujeres y de 72.6 años para los hombres (INEGI, s/f).

Con información de la Encuesta Intercensal 2015, en México existe una población total de cerca de 120 millones de personas, de las cuales 12, 436,321 personas son mayores de 60 años, esto equivale al 10.4 % de la población (INEGI, 2015). Aunque es importante diferenciar dentro de las personas mayores por grupos de edad, ya que entre las personas de 60 a 69 años se concentra un mayor porcentaje de población económicamente activa o dedicada a las tareas del hogar o de cuidado, pero que son independientes; conforme aumenta la edad estás características van cambiando.

Estadísticamente el mayor problema que enfrentan las personas mayores es la pobreza. De acuerdo a estimaciones del 2016 el 41.1% de las personas mayores está en situación de pobreza (CONEVAL, 2017). Por otro lado, casi la mitad de las personas con discapacidad (47.3%) tienen 60 años y más (INEGI, 2016).

Es importante notar que debido a los roles diferenciados por género que las personas tuvieron a lo largo de sus vidas también presentan condiciones distintas por sexo en este grupo de edad. Las mujeres representan un 53.8% de las personas mayores de 60 años en nuestro país y los hombres representan el 46.2% (INEGI, 2015). Esto originado por una sobre mortalidad masculina registrada de los 20 años en adelante derivada de patrones culturales que derivan en que los hombres estén menos al pendiente de su salud física y mental y más expuestos a situaciones de riesgo con mayores posibilidades de muerte por accidentes, lesiones o agresiones.

En términos laborales también se reflejan brechas importantes de género para las personas mayores. Con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2014 se observa que el 19.4% de las mujeres y el 50.8% de los hombres se dedican a actividades económicas remuneradas. Por otro lado, el 62.8% de las mujeres y el 8% de los hombres se dedican a los quehaceres domésticos o trabajo no remunerado en el hogar. Solo el 8.7% de las mujeres son pensionadas o jubiladas en contraste con el 25.1% de los hombres (INMUJERES, 2015).

Adicionalmente, es importante mencionar que el 63.6% del cuidado no remunerado de personas mayores lo hacen las mujeres, mientras que los hombres efectúan el 36.4% restante. En promedio, las mujeres dedican 24.36 horas a la semana a esta actividad y los hombres 16.5 horas (INEGI, 2015).

Estos patrones reflejan una mayor dedicación de las mujeres a las actividades no remuneradas de trabajo doméstico y de cuidados, lo cual las posiciona en una situación de desventaja al no poder obtener los beneficios derivados del trabajo como son una jubilación o servicios de salud por su trabajo (IMSS, ISSSTE, PEMEX, MARINA), teniendo que depender de programas de pensión no contributiva y de servicios de salud por programas sociales (Seguro Popular o IMSS oportunidades) o por familiares en mayor medida que los hombres.

La Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS 2017) permite mostrar las percepciones sobre las personas mayores en la sociedad mexicana. El 57% de la población considera que los derechos de las personas mayores son respetados poco o nada. También se reporta que el 17% de las personas en el país no le rentaría una habitación a una persona mayor y el 24% estaría poco o nada de acuerdo con que una persona mayor llegara a la Presidencia de la República (CONAPRED, 2018).

Por otro lado, la ENADIS 2017 también permite conocer cómo perciben su situación las personas mayores. El 16.1% de las personas mayores se han sentido discriminadas el último año en al menos un ámbito (Calle o transporte público, trabajo o escuela y familia). El 44.9% de las personas mayores consideran que sus derechos son respetados poco o nada. Declaran como problemas principales en un 28.5% pensión insuficiente para cubrir necesidades básicas y 22.5% falta de oportunidades para encontrar trabajo. El 37% refieren una situación de dependencia económica de sus hijos o hijas.

Las personas mayores se enfrentan a una discriminación estructural que las considera como poco útiles y productivas. Ante el aumento de la expectativa de vida es importante que cambiemos nuestras percepciones sobre las personas mayores y que se incentive tanto la noción de un envejecimiento activo como políticas de empleo digno y con prestaciones que les garanticen condiciones de seguridad mínimas.

Por otro lado, urge una participación más activa de parte de las autoridades para atender las necesidades de cuidado que en el caso de las personas mayores son casi en su totalidad absorbidas por la familia, y por las mujeres dentro de las familias, en mayor medida. Debido al cambio demográfico es importante impulsar políticas dirigidas tanto a las personas que requieren cuidados como a las personas cuidadoras para avanzar a esquemas sustentables que permitan garantizar sus derechos humanos a las personas mayores y a que no se perpetúen dinámicas de exclusión de derechos por género debido al exceso de cargas de cuidado no remunerado absorbido por las mujeres (Huenchuan Navarro y Rodríguez Velazquez, 2015).

También se observa que es importante avanzar hacia políticas de accesibilidad tanto en los espacios públicos y privados que incorporen diseños universales (que sean accesibles para todas las personas con o sin discapacidad) y ajustes razonables para que las personas mayores puedan desplazarse con mayor autonomía. Igualmente se recomienda la importancia de tomar en cuenta las opiniones y vivencias de las personas mayores en aquellas políticas públicas que los afectan directamente (CONAPED, s/f).

Fuentes:

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL (2017). Resultados de pobreza en México 2016. México: CONEVAL

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED (2018). Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017. Principales Resultados. México: INEGI

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED (s/f) Ficha Temática. Personas Mayores. Accedido 20 de agosto 2018. Disponible en:https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Ficha%20PM.pdf

Huenchan Navarro, S. y Rodríguez Velázquez, R. I. (2015) Necesidades de cuidado de las personas mayores en la Ciudad de México. Diagnóstico y lineamientos de política. México: Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI (2015). Encuesta Intercensal 2015.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI (2016). La discapacidad en México, datos al 2014. México: INEGI.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI (s/f). Esperanza de vida. Accedido 20 de agosto 2018. Disponible en: http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/esperanza.aspx?tema=P

Instituto Nacional de las Mujeres, INMUJERES (2015). Situación de las Personas Adultas Mayores en México. México: INMUJERS.